¿ HACIA DONDE NOS DIRIGIMOS ?

La desigualdad económica actual, provocada por una injusta distribución de la renta, que está fragmentando a la sociedad y cuyo resultado es la aparición de una bolsa de pobreza tercermundista en todas las regiones de España, ha puesto al descubierto el fracaso, entre otros, de nuestro “modelo” de protección social. En base a lo anterior, no es desacertado afirmar que la “justicia social”, concepto que se encuentra íntimamente ligado al de Estado del bienestar, es un principio cada vez más olvidado por nuestros gobernantes.
Igualmente, nuestro proyecto de Estado de Derecho no funciona. La ley no es igual para todos en España, puesto que la Justicia ha sido politizada anticonstitucionalmente al objeto de proteger a los privilegiados del sistema.
Tampoco confiamos los españoles en nuestras enfermas instituciones públicas porque hace muchísimo tiempo que fueron contagiadas, de forma epidémica, por un devastador virus denominado corrupción política. Al respecto, resaltar que el fenómeno conocido como “estallido social”, aunque está asociado a un entorno de deterioro económico, aparece siempre enmarcado en un contexto definido por el desprestigio y la falta de transparencia de las instituciones.
Además, determinados medios de comunicación, vendidos al poder político, están contribuyendo de manera servil a degenerar más aún nuestro sistema antidemocrático.
Como consecuencia de todo ello, los ciudadanos hemos llegado a la conclusión relativa a que España debe ser reconstruida económica, política y moralmente. Pero esta reedificación no la llevarán a cabo los dos principales partidos políticos españoles.
En el área de la economía, determinadas decisiones que han adoptado los dos últimos gobiernos, como por ejemplo, luchar contra el déficit por la vía de la subida de impuestos, sin reducir el gasto público-político improductivo y, por tanto, manteniendo una estructura estatal insostenible económicamente, han endeudado a España y provocado la asfixia del sector privado.
A nivel político, ni el Gobierno ni la oposición desean cambiar un sistema político (y autonómico) caduco, antidemocrático y desigual, que representa el principal obstáculo que impide a nuestra economía crecer regularmente.
Y en el plano de la ética, la sociedad española camina sin rumbo definido, debido a que percibe que sus dirigentes, procedentes tanto del entorno político y sindical como del mundo de las finanzas, son un referente pero en corrupción y latrocinio.
¿Cómo pueden defenderse las familias, las pymes y los autónomos de un Gobierno, convertido en un recaudador insaciable, que les está arruinando? ¿De qué manera pueden protegerse los ciudadanos de una Justicia que está al servicio de los dos grandes partidos políticos? ¿Qué pueden hacer los españoles ante una clase dirigente, en su mayor parte sin formación ni principios, empeñada en perpetuar sus privilegios a costa de empobrecer al país?
¿Protegerse, vía economía sumergida, de los abusos fiscales del Gobierno se ha convertido en una obligación moral y de subsistencia para aquellas familias, pymes y autónomos que de otra manera no podrían salir adelante?
El ministro de Economía y Competitividad del Gobierno de España ha comentado recientemente que “las situaciones personales difíciles no justifican la economía sumergida”. (Le ha faltado añadir al ministro que muchas de estas situaciones personales las ha provocado la voracidad fiscal del Gobierno).  La mayoría de los negocios sumergidos dejarían de practicar la inmersión económica si el Gobierno no los empujara, a través de Hacienda y la Seguridad Social, a una quiebra segura. Se trata de una cuestión de supervivencia, tanto empresarial como vital.
El obsesivo enfoque en la macroeconomía impide a este ministro analizar fielmente la dramática situación que viven la mayoría de las pymes y los autónomos españoles en la economía real. Es probable que desde el coche oficial no se observen bien los locales vacíos y sin alquilar. Los negocios que desaparecen a diario. Las cafeterías sin clientes. La desolación de los emprendedores, que necesitan algo más que ilusión para pagar los confiscatorios impuestos y las abusivas cotizaciones sociales y saltarse las barreras burocráticas o las que limitan la libertad económica. Etc. En definitiva, la miseria que se respira en la calle.
La economía sumergida (que se ha disparado, desde el 2008, hasta alcanzar el 24,6% del PIB) y las pensiones (cada vez más reducidas, si atendemos a que la próxima reforma fiscal contempla ampliar el número de pensiones que paguen en el IRPF) han evitado una revuelta social en España.
La espectacular subida de impuestos, ejecutada primero por el Gobierno del PSOE (2010-2011), e incrementada posteriormente por el Gobierno del PP (2012-2014), ha sido la principal causa del aumento del volumen de economía sumergida en nuestro país. El alto nivel de paro y la corrupción política también son factores que han influido en el incremento de la inmersión económica. Esta es la respuesta económica de los ciudadanos a los abusos del poder, en este caso, de tipo fiscal.
España está inmersa en un proceso revolucionario social y democrático, aunque lentísimo y, todavía, silencioso. Si la sociedad española se resigna, estará muerta.