LA DESIGUALDAD CADA VEZ ES MAS PATENTE ES ESTE MUNDO

 “No hay dinero” Otra machacona y repetitiva máxima de los responsables del fiasco financiero ¿Es eso cierto? Nada más lejos de la realidad. Hemos visto que el dinero negado a los Estados y a las personas es entregado por billones – sin reparos y sin control – a los bancos. Que los bancos, las grandes fortunas y empresas – altamente subvencionadas con dinero público – han desviado 21 billones de dólares a los Paraísos Fiscales.

 Que en el caso de España se defraudan 88.500 millones anuales; que el 23,3% de la economía española no se declara (244.000 millones); que las grandes fortunas tributan al 1% y han visto como desaparecían o se reducían los impuestos de Donaciones, Sucesiones o Patrimonio; que las grandes empresas defraudan vía paraísos fiscales miles de millones o, directamente, como Apple u otras no tributan.

 En España, se han reducido los impuestos a las grandes empresas y a las clases altas – a las que corresponde la responsabilidad del 72% del fraude fiscal – e, incluso, se ha producido una amnistía fiscal para favorecerles y no perseguir estos delitos; mientras, se suben los impuestos, se bajan los salarios y se reducen los servicios públicos a los trabajadores.

 Por tanto, el problema de España no es el exceso de gasto público, sino los paupérrimos ingresos del Estado – aunque seamos el 4º país europeo con los impuestos más altos – que se debe a que las élites económicas y empresariales españolas, prácticamente, no pagan impuestos.

 España recauda el equivalente al 34% de su PIB, el promedio de la UE-15 alcanza el 44% y en Suecia llegan al 54%. Esto es un ejemplo palmario de la consecuente diferencia en el nivel de vida y los servicios públicos que nos separa.

 Si España tuviera una política tributaria como la sueca – que persiguiera el fraude fiscal y los privilegios de una minoría multimillonaria – España ingresaría cerca de 200.000 millones de euros anuales más.

 Esta reducción de ingresos del Estado tiene como objetivo que las mismas personas beneficiadas por reducciones de impuestos, cuando no, directamente, por favorecer el fraude fiscal, sean quienes, luego, financien al Estado mediante la compra de deuda pública por la que reciben onerosos intereses. No sólo no pagan impuestos, sino que reciben intereses…

 La afirmación exculpatoria que algunos esgrimen: ‘Hemos vivido como ricos’, no parece consistente. Desde la llegada del euro la cesta de la compra ha subido más de un 50%, la vivienda se ha encarecido desde 1997 un 500% y los salarios medios reales han bajado desde 1994 más de un 10%.

 La verdad es que nos han hecho creer que éramos ricos, han fomentado el endeudamiento para compensar que nos empobrecíamos rápidamente y teníamos que pedir prestamos para acceder a bienes básicos – es cierto, que algunos, a no tan básicos –. Empero, necesarios para el funcionamiento de esta ‘economía suicida’.

 ¿La gente no trabaja porque no quiere? No, es cierto. En 2008, había trabajo y teníamos prácticamente pleno empleo. No hay que confundir trabajo con explotación laboral. Trabajar 8 horas por 400 euros no es un trabajo y, además, no da ni para vivir.

 Del mismo modo, hay que resaltar que a menores salarios, la población será más pobre, el país obtendrá menores ingresos, siendo a su vez más pobre y los beneficios repercutirán, únicamente, en una minoría.

 Por ejemplo, de los jóvenes más del 50% se encuentra en paro y 3/4 partes de los que están trabajando lo hacen por menos del Salario Mínimo ¿Qué familia o persona puede vivir con estos recursos? Las personas que están de acuerdo con estos salarios de miseria deberían trabajar por ellos dando ejemplo y no moralina.

Ante los comentarios tan poco meditados que se realizan denigrando la situación de los parados podemos recordar la bendición que supone este estado con el aumento resultante de la ansiedad, la dependencia, el estrés, los sentimientos de humillación, la pobreza, la malnutrición, la muerte precoz, los suicidios, etc.

El trabajo no lo crean las reformas laborales. El trabajo se crea invirtiendo recursos económicos. Con la última reforma laboral, no sólo, no se ha creado empleo, sino que, se ha acelerado su destrucción. Los ERE pactados han crecido un 72%, los no pactados un 782% y las personas afectadas por ellos un 50%.

 El objetivo de la Reforma Laboral no ha sido crear empleo, porque, ninguna reforma crea empleo, sino abaratar el despido, empeorar las condiciones laborales y acabar con los derechos laborales con la intención de crear una mano de obra barata, abundante, sumisa y desprotegida.

 Crear empleo no tiene mayor dificultad que diseñar e implementar un plan de política económica e industrial a largo plazo que fomente el mercado interno – que crea más empleo y más riqueza que la exportación – y la calidad de los procesos y productos – nunca, esencialmente, la cantidad –. Esta política se debería realizar con una alta inversión pública que podría realizarse liberando recursos económicos ¿De dónde?

 De los intereses de una deuda que es ‘ilegitima u odiosa’ – término acuñado por EEUU para deudas obtenidas mediante mecanismos de extorsión, corrupción y fraude –. Estos intereses ascenderán a 40.000 millones en 2013 – 10.000 millones más que este año – que suponen un enorme trasvase de riqueza a bancos y grandes fortunas.

 Reestructurando y elevando el gasto público español deberíamos invertir 20 puntos más del PIB en gasto social, hasta igualar éste con nuestro nivel de riqueza. Supondrían alrededor de 66.000 millones más y podríamos crear hasta 5.000.000 de empleos de calidad dedicados al bienestar de las personas.

 Creando empleo podríamos liberar el dinero destinado a las prestaciones de desempleo y subsidios – unos 30.000 millones – para otros usos y, elevando la tasa de empleo a niveles de países como los nórdicos – que tienen altos niveles gasto público y social – podríamos conseguir que más personas cotizarán a la seguridad social.

 El Estado español está infrafinanciado en relación a sus recursos económicos, por eso no crea empleo: Si tuviéramos un sistema impositivo justo y distributivo lograríamos cerca de 200.000 millones más; si persiguiéramos el fraude fiscal obtendríamos otros 88.500 millones; y, si no se fuera permisivo con la economía sumergida otros 100.000 millones.

 Por tanto, el problema no es que no haya dinero – como repiten interesadamente ocultando la verdad –, sino que lo posee una minoría que no invierte en la economía productiva sino que se dedica a la especulación financiera e inmobiliaria y, además, nos financia mediante la deuda pública con un dinero que ha defraudado al Estado.

 Cuando se habla de productividad y competitividad se está hablando, realmente, de precariedad laboral, bajos salarios, jornadas laborales más largas, perdida de derechos laborales y sociales. Producir más, con menos personas, por menos dinero. En España, en los últimos años, de las ganancias en productividad sólo un 25% ha repercutido en los trabajadores.

 Un país desarrollado nunca podrá competir con las condiciones de explotación y semiesclavitud que imponen las transnacionales europeas y norteamericanas en Asia o América.

 Se dice que hay que trabajar más, pero no es cierto. Trabajar más para producir más hasta que hayamos esquilmado los recursos de planeta y éste sea un lugar inhabitable. Ese tipo de economía productivista y consumista, infantilizada y sin limites, es un sin sentido y un camino cierto al desastre.

 Lo lógico sería vivir con moderación, trabajar menos horas, repartir el trabajo y que las ganancias alcanzadas en productividad – está ha crecido casi un 700% a largo de los últimos 110 años – debido a la inversión en tecnología con dinero público repercutiera en el bienestar y la calidad de vida de la mayoría de la población y no sólo en el enriquecimiento de una minoría que ha acaparado los bienes de todos.

 Si hace más de 100 años se consiguió en los países más ricos mediante arduas luchas obreras un paso hacia la implantación de la jornada laboral de 8 horas – aunque los empresarios capitalistas hubieran deseado continuar con jornadas de 14 y 16 horas – ¿Cómo podemos seguir trabajando las mismas horas o tender a trabajar más con las ganancias en productividad que se han producido?

 ¿España tiene muchos empleados públicos? Los datos vuelven a desmentir a la propaganda: en España trabaja en los servicios públicos un 10% de la población, en la UE-15 un 15% y en Suecia casi un 25%.

 Se está atacando el honor de los funcionarios públicos como una táctica para colonizar y privatizar las Administraciones Públicas por intereses privados que quieren colocar a sus redes clientelares y familiares. Son los salarios de estos sujetos enchufados y colocados a dedo, que superan en un 35% los salarios medios de los funcionarios lo que sale caro, realmente, muy caro.

 Cuando se habla de la mayor rentabilidad de las empresas privatizadas olvidamos que es una rentabilidad obtenida a costa de los derechos laborales y sociales de trabajadores y usuarios que, únicamente, supone un trasvase de beneficios de todos los ciudadanos a una minoría.

 Es el Estado – todos los ciudadanos – el que ha asumido los riesgos y los costes de la inversión de estas empresas e infraestructuras, siendo luego una minoría que no ha soportado ningún tipo de riesgo quien salga favorecida con la privatización de empresas rentables y saneadas a precio de saldo.

 Las privatizaciones han favorecido la aparición de grandes monopolios privados con la consecuente situación de dependencia, subidas de precios, la destrucción del tejido productivo local, deslocalización de industrias, pérdida de ingresos públicos y el aumento del desempleo.

 Por ejemplo, por cada empleo precario creado en una gran superficie se destruyen 5 empleos estables en el pequeño comercio. Además, el monopolio favorece los abusos de poder por parte de las grandes empresas como que del agricultor al consumidor los precios de los productos se eleven un 400%, pudiendo llegar, incluso, al 1.000%; o que más del 60% del beneficio del precio del productos se lo queden las grandes superficies.

 En el caso de España podemos ver como con la privatizaciones estamos sufriendo los precios de la gasolina, del gas, de la electricidad – ha subido un 80% en los últimos 7 años y va a subir con la nueva reforma otro 25% – y de las telecomunicaciones – cuyas tarifas más que duplican la media europea – más costosos y los servicios de peor calidad de Europa.

 ¿Los empleados públicos son poco productivos? ¿Solo la iniciativa privada fomenta el crecimiento? España tiene más empresarios y autónomos – un 10,64 de la población – que el promedio europeo, un 9,78%. En países más competitivos y eficientes que España el número de empleados públicos dobla y triplica al de empresarios: Dinamarca, 26%; Finlandia, 19% o Suecia un 25%.

Aun tomando los eslóganes neoliberales como ‘El excesivo gasto público y social lastra la competitividad y el crecimiento’, el caso de los países del norte de Europa es paradigmático. Por ejemplo, Suecia tiene un gasto público cercano al 53%, Dinamarca al 58% o Francia 57%. En cambio, España no llega al 44%.

 El Gasto Público es esencial en las economías más desarrolladas. De él, depende la inversión en educación, sanidad, telecomunicaciones, energía, creación de empleo, ciencia, I +D, infraestructuras, etc. Que de otra forma serían imposibles.

 Además, del gasto público dependen el 50% de los empleos creados en el mundo. Cada empleo creado en el sector público posibilita – por el efecto multiplicador del gasto público – la creación de 2 empleos en el sector privado.

 ¿El gasto social en España es excesivo? En comparación con el resto de países de nuestro entorno es notablemente inferior: España, 21%; UE-15, 27% y Suecia un 30%.

 España gasta 5.526 euros por persona en la protección social y la calidad de vida de sus habitantes. Esto es 1.938 euros menos que el promedio de países de la UE-15 y 3.500 euros menos que Suecia. No es por menos que pensar que España tiene abandonada y desatendida a su población

 Algunos podrían argumentar que tenemos un menor gasto social porque somos menos ricos, pero, no es así. España tiene un PIB per cápita que alcanza el 93% del promedio de la UE-15, sin embargo, su gasto social no llega al 74% del promedio de la UE-15. Si gastáramos esos 21 puntos más, alrededor de 66.000 millones podríamos crear 5.000.000 de empleos.

 El gasto sanitario público español no es tampoco excesivo, un 5,7% del PIB, se encuentra por debajo de la media europea, 7,8%. Y, muy por debajo del gasto sanitario del sistema privado estadounidense – que se quiere implantar en nuestro país – que, prácticamente, dobla nuestro gasto con unos niveles de eficiencia y salud muy bajos.

El gasto público en educación, también, se encuentra por debajo de la UE-15. En España invertimos un 4,3% del PIB y en la media europea un 5,1%; en Suecia un 6,8%. Madrid invierte solo un 2,5%.

 Decimos inversión porque por cada euro invertido en educación España recibe un beneficio de 2 euros y para el conjunto de la OCDE este beneficio se eleva a 4 euros.

 En España, prácticamente, se han duplicado las tasas universitarias siguiendo el camino de Reino Unido – colocando a la universidad española entre las más caras de Europa – con la falacia de que la educación es un gasto y no una inversión. La intención es favorecer el negocio bancario con los créditos a los estudiantes: más deuda.

Sin embargo, en otros países europeos como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, República Checa, Austria, Grecia, Chipre, Escocia, Alemania y Francia; los estudios son gratuitos o tiene un amplio acceso a las becas de estudio y manutención.

 Es importante destacar la relación entre gasto social y exclusión social, entre exclusión social y fracaso escolar. Por ejemplo, en España el porcentaje de las familias en riesgo de exclusión social supera el 30% y el fracaso escolar igual. En Suecia, el fracaso escolar afecta al 7% de los alumnos y la pobreza al 10% de las familias.

 El abandono a nuestros mayores y a las personas dependientes es igualmente flagrante. En España, sólo un 2% de este colectivo tiene atención domiciliaria. En Europa, la media es del 18% y en Suecia el 23% de estas personas.

 Asimismo, la mayoría de las residencias de ancianos son privadas encauzadas al beneficio monetario – con la consiguiente merma en la calidad asistencial – y con un coste muy elevado – prohibitivo – para personas con una pensión que ronda los 600-700 euros.

 Otro argumento que cae por su propio peso es el excesivo gasto en pensiones que en España se encuentra en el 7,9% del PIB, mientras en la media de la UE-15 alcanza el 9,5%. Esto se debe a la baja cuantía de las pensiones españolas que mantienen en la pobreza a un 25% de los ancianos españoles. Más del doble de la media europea. La importancia de las pensiones es vital, sin ellas un 68% de nuestros ancianos sería pobre