Artículo 14 de la Constitución:
”Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social.”
Las tasas judiciales ya se venían aplicando a las personas jurídicas y a la jurisdicción civil y contenciosa administrativa, y a partir de la aplicación de la nueva ley, se añaden todas las personas físicas y la jurisdicción social.
La tasa consta de dos partes, la cuota fija y la variable, que sumadas crean el total a abonar para poder acceder a la justicia. Las tasas fijas van desde los 100 euros hasta los 1.200 euros a los que habría que sumar entre un 0.25% y un 50% del interés económico del pleito.
En definitiva estamos otra vez ante un abuso del gobierno central para recaudar, esta vez a cambio de la justicia de los ciudadanos. No nos oponemos al copago de ciertos servicios públicos para garantizar su sostenibilidad, pero lo que no podemos permitir es que a los ciudadanos se nos niegue el derecho a recibir una justicia accesible para todos y no solamente para las élites económicas, tal y como reza el artículo 14 de la CE.
El efecto disuasorio que según el ministro de justicia tendrán sobre el sistema judicial nos parece aberrante dado que cuando una persona acude a los tribunales para intentar solventar su “Gran problema” quizá no tenga garantizado que le sea subsanado sino tiene medios económicos suficientes.
“Desterrada la justicia que es vínculo de las sociedades humanas, muere también la libertad que está unida a ella y vive por ella.”
Juan Luis Vives (1492-1540) Humanista y filósofo español
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